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Intermediación fraudulenta

el Lun Mayo 02, 2016 11:24 pm
El Art. 29, Párr. 1º y 2º de la LCT dispone que “Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social”.

La directiva legal es clara y parte del supuesto de una contratación de uno o varios trabajadores por un tercero (“testaferro”, normalmente insolvente) con vistas a proporcionar sus servicios a una empresa (usuaria de esos servicios), estableciendo la responsabilidad solidaria de ambos por el debido cumplimiento de los créditos laborales del trabajador. Tal esquema es descripto por la norma legal para prevenir las consecuencias que surgirían si el trabajador únicamente pudiera reclamar sus derechos laborales al intermediario contratante y no a la empresa que se beneficia con sus servicios.

El fallo plenario N° 323 de la Camara Nacional de Apelaciones del Trtabajo dictado el 30/6/2010 en la causa “VASQUEZ, MARÍA LAURA C/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. Y OTRO”) ha precisado los alcances del Art. 29 de la LCT, al establecer la siguiente doctrina, de cumplimiento obligatorio para los jueces del Trabajo de la Capital Federal: “Cuando de acuerdo con el primer párrafo del artí**** 29 L.C.T. se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el artí**** 8° de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria”.-


Ello significa que, en caso de existir una relación laboral no registrada -total o parcialmente-, será procedente el reclamo del trabajador de una “indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación...”(Art. 8 Ley 24.013) no solo contra el empleador aparente (testaferro), sino también contra la empresa para la que efectivamente presto servicios.
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